El BOE<\/a> del pasado 7 de octubre publica el Real Decreto-ley 15\/2017<\/a> de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores econ\u00f3micos dentro del territorio nacional con entrada en vigor ese mismo d\u00eda.<\/p>\n Esta reforma aclara qu\u00e9 \u00f3rganos de la sociedad son competentes para aprobar un cambio de sede social. <\/strong><\/p>\n En esencia, establece que ser\u00e1 el consejo de administraci\u00f3n<\/strong> el \u00f3rgano encargado de decidir y aprobar este cambio con una \u00fanica excepci\u00f3n: que exista en los estatutos de la sociedad una declaraci\u00f3n expresa que dispongan que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n no es competente en esta cuesti\u00f3n.<\/p>\n No obstante, aunque los estatutos digan expresamente que el consejo de administraci\u00f3n no puede decidir el cambio de domicilio social<\/strong>, solamente ser\u00e1 v\u00e1lida esta \u00abdisposici\u00f3n contraria\u00bb si despu\u00e9s de entrar en vigor la reforma ahora establecida, es decir, a partir de este 7 de octubre, la junta de accionistas<\/strong> aprueba un cambio estatutario que declare expresamente que al \u00f3rgano de administraci\u00f3n no le compete cambiar el domicilio social.<\/strong><\/p>\n As\u00ed pues, en la pr\u00e1ctica esta reforma supone que todas las empresas pueden cambiar su domicilio social con la simple aprobaci\u00f3n de los administradores. <\/strong><\/p>\n Tras el acuerdo, se deber\u00e1 acudir a la notar\u00eda para firmar la escritura, quedando esta operaci\u00f3n exenta del Impuesto de Operaciones Societarias. <\/strong><\/p>\n No obstante, es necesario acudir a la Oficina Liquidadora<\/strong> correspondiente y cumplimentar el modelo 600<\/a>, indicando que la operaci\u00f3n est\u00e1 exenta. Por \u00faltimo, ser\u00e1 necesario inscribir la escritura en el Registro Mercantil<\/strong> correspondiente aportando el citado modelo.<\/p>\n Aunque esta reforma aprobada por el Gobierno viene determinada por la tensi\u00f3n que en Catalu\u00f1a se sufre con el proceso independista, lo cierto es que es un paso m\u00e1s en las modificaciones normativas habidas en los \u00faltimos a\u00f1os hacia una mayor facilidad para cambiar de domicilio social. La regla tradicional era que la junta general aprobara una modificaci\u00f3n de los estatutos en este sentido pero ya en 1956 se dispuso que no fuera necesaria una modificaci\u00f3n estatutaria del traslado \u00abdentro de la misma poblaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Posteriormente, la Ley 9\/2015, de 25 de mayo de 2015<\/strong>, de medidas urgentes en materia concursal, avanz\u00f3 en esta l\u00ednea, al modificar el art\u00edculo 285 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010,<\/a> ampliando la competencia del \u00f3rgano de administraci\u00f3n a los cambios de domicilio social<\/strong> dentro del territorio nacional, pero limitando dicha competencia a que no existiese una disposici\u00f3n contraria en los estatutos.<\/p>\n Por otra parte, hay que tener presente que el domicilio social<\/strong> y el domicilio fiscal<\/strong> son dos cuestiones bien distintas, tanto en sus definiciones y los procedimientos, como en las implicaciones.<\/p>\n El art\u00edculo 9 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a> establece que \u00ablas sociedades de capital fijar\u00e1n su domicilio dentro del territorio espa\u00f1ol en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administraci\u00f3n y direcci\u00f3n, o en el que radique su principal establecimiento o explotaci\u00f3n\u00bb.<\/em><\/p>\n